Ministerio del Interior promulga normas para combatir la inseguridad ciudadana
El Diario Oficial El Peruano publicó hoy una serie de decretos legislativos orientados a fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana, en el marco de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República, según informó la autoridad competente.
De acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 1731, se modifica el Código Penal para incorporar el artículo 200-A, que tipifica el delito de exigencia o requerimiento extorsivo como una conducta previa autónoma dentro del proceso extorsivo. La norma busca prevenir, combatir y sancionar eficazmente estas conductas, permitiendo una intervención penal temprana y la protección de personas, familias, empresas, funcionarios y servidores públicos frente a la violencia o amenazas explícitas o implícitas, según la exposición de motivos de la medida.
El Decreto Legislativo Nº 1735 crea el Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus delitos conexos. Según el texto, la finalidad es optimizar la investigación, el procesamiento y las sanciones penales contra la extorsión y sus delitos afines, promover la celeridad y la efectividad de las actuaciones de los operadores de justicia, fortalecer capacidades institucionales y garantizar el respeto de los derechos de las partes procesales, además de la protección de la víctima. El decreto señala que su aplicación es obligatoria para los operadores de justicia, el personal administrativo y técnico, y las áreas de asistencia a víctimas y testigos del sistema de justicia penal.
Asimismo, el Decreto Legislativo Nº 1733 incorpora el artículo 280-A al Código Penal —aprobado por el Decreto Legislativo Nº 635— y la Cuarta Disposición Complementaria Final al Decreto Legislativo Nº 1688. La normativa tiene como objetivo fortalecer la seguridad pública y penitenciaria al tipificar el delito de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios y centros juveniles, y optimizar los mecanismos de supervisión de las antenas ilegales instaladas en el ámbito geográfico de dichos establecimientos.
El Decreto Legislativo Nº 1734 añade el artículo 26-A a la Ley Nº 31061, Ley de Movilización para la Defensa Nacional y el Orden Interno, para establecer la reserva de la información y documentos relativos a operaciones de persecución del delito efectuadas durante estados de emergencia, según el texto publicado.
En materia de trabajo penitenciario, el Decreto Legislativo Nº 1736 modifica el Decreto Legislativo Nº 1343 para incorporar el Capítulo VIII, que regula el trabajo asistido externo. El dispositivo tiene por finalidad regular, de forma sistemática y actualizada, el régimen de trabajo asistido externo aplicable a sentenciados por delitos de menor lesividad que se encuentran en el régimen semiabierto, estableciendo criterios objetivos de acceso, permanencia y supervisión para facilitar la reinserción laboral y el desarrollo de competencias acordes con el mercado de trabajo, manteniendo mecanismos de supervisión y control para garantizar la seguridad penitenciaria y ciudadana.
El Decreto Legislativo Nº 1737 busca reforzar el Régimen Cerrado Especial mediante la incorporación de una etapa de “Extrema Seguridad”, la definición de criterios objetivos de permanencia y progresión en cada etapa y la adopción de un sistema de clasificación automática para las personas privadas de libertad sentenciadas y procesadas por delitos de alta lesividad social. También prevé limitar la aplicación de beneficios penitenciarios que habilitan libertad anticipada para ciertos sentenciados y someter a control judicial previo la concesión del beneficio de redención por trabajo o educación cuando ello implique el egreso por cumplimiento de la pena. Entre otras medidas, se establece que la vestimenta de la persona privada de libertad debe ser proporcionada por la administración penitenciaria, conforme a su régimen, y evitar excedentes, conforme a las directivas de vestimenta aprobadas por el Instituto Nacional Penitenciario, según el detalle del texto.
