Las razones por las que no se pudo detener el cólera en Sudán
La enfermedad se extendió por los 18 estados y dejó más de 124.000 casos y 3.500 muertes, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
Sudán ha afrontado al menos 16 brotes de cólera desde la década de 1960, incluidos los de 2006, entre 2016 y 2018, y 2019. Las lluvias estacionales y la precariedad de las infraestructuras agravaron esos episodios.
En los dos últimos años, la guerra alteró ese patrón. Desde que estallaron los combates entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido en abril de 2023, el cólera siguió las rutas del conflicto y se propagó por las malas condiciones de vida en los campamentos de desplazados.
Los casos aumentaron en Port Sudán, El Gedaref, Jartum y Kosti durante la estación seca, meses antes de las lluvias que suelen acelerar la transmisión.
En febrero de 2025, un ataque dañó la central eléctrica que abastecía a Kosti, en el estado del Nilo Blanco. La planta de tratamiento de agua dejó de funcionar y las familias tuvieron que recoger agua del río o comprarla en carretas tiradas por burros.
Pocos días después, cientos de personas gravemente enfermas llegaron al Hospital Universitario de Kosti con diarrea acuosa. El 5 de marzo, menos de un mes después, más de 3.000 pacientes habían ingresado con cólera y más de 100 habían muerto.
Una cadena similar se repitió en otros lugares. En Jartum, los ataques contra centrales eléctricas en mayo cortaron el suministro a las bombas de agua potable y también interrumpieron el tratamiento del agua y el trabajo de los centros sanitarios.
El cloro y otros suministros esenciales se retrasaron o se agotaron. La falta de financiación obligó a suspender el transporte de agua en camiones cisterna, lo que dejó a muchas familias entre agua no potable o agua que no podían pagar.
Dos años después, las causas son claras. Los brotes siguieron los ritmos de la guerra más que las estaciones o el clima.
La mayor carga recayó sobre quienes tenían menos protección: familias desplazadas dentro de Sudán que vivían en campamentos superpoblados o asentamientos informales, sin agua potable, saneamiento ni atención sanitaria cerca de sus hogares. En algunos lugares, los brotes comenzaron pocos días después de la llegada de nuevos desplazados.
El cólera no se propagó en el vacío. El conflicto creó y agravó las condiciones que permitieron su expansión: sistemas de agua y electricidad dañados, desplazamientos masivos, acceso humanitario bloqueado y una respuesta sin recursos suficientes.
MSF no estuvo sola en esta última respuesta. Las organizaciones humanitarias trabajaron bajo restricciones extraordinarias y, allí donde los equipos internacionales no podían llegar, las Salas de Respuesta a Emergencias de Sudán, una red comunitaria de voluntarios, actuaron a menudo en primer lugar.
Organizaron puntos de agua, alertaron a las autoridades sanitarias sobre nuevos casos y mantuvieron con vida a muchas personas hasta que llegaron respuestas de mayor escala. Gran parte de la atención recayó en trabajadores sanitarios sudaneses y en las propias comunidades.
Este brote, el de mayor envergadura, quedó controlado en marzo de 2026, pero el riesgo persiste. En junio se declaró un nuevo brote en Kordofán Occidental, tras la aparición en mayo de casos de diarrea acuosa aguda, antes de que la temporada de lluvias estuviera en pleno apogeo.
También se detectaron casos en Kordofán Norte, aunque las cifras han ido disminuyendo. De nuevo, el conflicto, la falta de datos claros de vigilancia y el acceso insuficiente al agua potable crearon las condiciones para que reapareciera la enfermedad.
Los equipos de respuesta sudaneses, las autoridades sanitarias y las organizaciones humanitarias han trabajado para prepararse, en cierta medida, para futuros brotes. Lo que sigue faltando es rapidez, porque la demora se paga con vidas.
La primera prioridad es actuar con urgencia. La comunidad de donantes, el Ministerio de Sanidad de Sudán y el resto de actores humanitarios deben reforzar la vigilancia para detectar los casos de forma temprana. La respuesta tampoco puede seguir siendo centralizada.
Hace falta trabajo descentralizado que fortalezca la vigilancia sobre el terreno y se anticipe a la transmisión. Eso exige inversión inmediata en preparación, incluida una campaña de vacunación y servicios de agua y saneamiento.
La segunda prioridad es la rendición de cuentas. Las partes en conflicto, y quienes ejercen influencia sobre ellas, deben respetar sus obligaciones bajo el Derecho Internacional Humanitario y los Convenios de Ginebra para proteger infraestructuras civiles como los sistemas de agua y electricidad.
No son medidas opcionales. Cuando se ataca una central eléctrica o una planta de tratamiento de agua, las consecuencias van mucho más allá de la destrucción de la infraestructura: se reflejan en la siguiente sala de cólera, llena de pacientes, algunos de los cuales morirán.
La lección del último brote de cólera es clara. La cuestión es si los implicados están dispuestos a aprender de ella con una acción humanitaria que acelere la preparación y con voluntad política para proteger a la población civil y las infraestructuras antes de que la historia se repita.
