Cambios a la ley de Aduanas buscan evitar la entrada de productos vinculados al trabajo infantil
La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, una reforma a la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas (DGA) para fortalecer el comercio y garantizar que se desarrolle conforme a los principios y derechos laborales fundamentales reconocidos a nivel internacional. La modificación introduce el nuevo artículo 27-A, en el marco del “Sistema Aduanero”, dentro del apartado “Control Aduanero, de los Entes Fiscalizadores y sus Atribuciones”, con el objetivo de evitar que productos importados provengan de prácticas laborales injustas, como la explotación infantil.
El nuevo precepto establece que la DGA, a través de sus dependencias, exigirá a los importadores una declaración escrita en la que aseguren que los bienes introducidos al país no han sido fabricados ni elaborados mediante trabajo forzado, obligatorio o trabajo infantil. Si la DGA detecta señales de alerta que generen dudas razonables, podrá solicitar información adicional o documentación complementaria para verificar que toda la cadena de suministro (fabricación, ensamblaje, distribución, etc.) cumpla con las leyes que prohíben la explotación laboral de menores de edad. En caso de constatarse que el importador mintió o no entregó la información requerida, podrá enfrentar sanciones administrativas, civiles o penales.
La DGA podrá tomar medidas inmediatas ante una situación de incumplimiento, tales como detener el trámite, retener preventivamente la mercancía, negar su ingreso al país u otras acciones que determine la normativa aduanera. La DGA, en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, será la encargada de establecer las reglas para definir la coordinación, el intercambio de información y la aplicación de esta disposición, así como de efectuar los ajustes necesarios en sus sistemas informáticos, utilizando herramientas de análisis de datos y gestión de riesgos.
La reforma entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Según el comunicado, el Estado salvadoreño, como miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se compromete a respetar los derechos laborales fundamentales, incluido la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la OIT y a la Ley Crecer Juntos, vigente a nivel local. En ese marco, se enfatiza la prohibición internacional de estas formas de trabajo y la necesidad de garantizar su cumplimiento en las operaciones de importación.
