Gobierno emite siete decretos de emergencia económica para atender regiones afectadas por inundaciones
El Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció este jueves 5 de marzo un conjunto de medidas dentro de la Emergencia Económica, Social y Ecológica con el objetivo de reactivar los sistemas agroalimentarios, aliviar a pequeños mineros y facilitar el acceso al servicio de energía eléctrica, así como avanzar en vivienda, agua potable, saneamiento, infraestructura y educación superior. Las disposiciones se materializan a través de diversos decretos que deben aplicarse en las zonas afectadas por la emergencia en varios departamentos del país.
Producción y abastecimiento de alimentos. El Decreto 0212 adopta medidas extraordinarias para garantizar y restablecer el derecho humano a una alimentación adecuada, así como los sistemas de abastecimiento agroalimentario, las cadenas de suministro y los medios de vida rurales. El Ministerio de Agricultura pondrá en marcha el Plan para la Reactivación Urgente, Productiva, Sostenible y Resiliente de los sistemas agroalimentarios, dirigido a mitigar y prevenir efectos de eventos climáticos como inundaciones, deslizamientos y erosiones. El decreto se aplica en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Según el texto, el Ministerio del Agro podrá movilizar recursos para dirigir el plan mediante programas de adecuación de tierras, recuperación de cadenas productivas, reconversión y manejo del agua. Solo serán beneficiarios los productores agropecuarios afectados, con prioridad para pequeños y medianos, y para las asociaciones y cooperativas conformadas por productores campesinos y comunidades étnicas en las zonas afectadas. Los recursos para la implementación podrán provenir del Presupuesto General de la Nación, del Fondo para el Acceso a Insumos Agropecuarios y del Fondo Nacional para la Lucha contra el Hambre, la Inseguridad Alimentaria y el Desperdicio de Alimentos.
Alivios a pequeños mineros. El Decreto 0213 establece medidas para aliviar la carga económica de los pequeños mineros afectados, entre las que se cuentan la suspensión de intereses moratorios en el pago de canon superficiario y regalías durante la emergencia y hasta seis meses después, la condonación o diferimiento de intereses, la suspensión de sanciones administrativas por mora y la prórroga extraordinaria de trámites de formalización o legalización minera. Los alivios beneficiarán exclusivamente a pequeños mineros agrupados en tres categorías: mineros de subsistencia registrados en el Módulo Génesis, beneficiarios de procesos de formalización o legalización, y titulares de pequeña minería. Corresponde a la Agencia Nacional de Minería verificar la condición de damnificado antes de otorgar los alivios.
Servicio de energía eléctrica. El Decreto 0214 establece medidas transitorias para la facturación del servicio en los departamentos vinculados a la Emergencia Económica, Social y Ecológica. Entre las medidas se incluye la exención de facturación a los usuarios afectados por la emergencia en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó; la posibilidad de diferir pagos de periodos anteriores a la declaratoria por 12 meses; la facultad de los prestadores para liquidar la facturación si se verifica una reducción del costo frente al esquema actual; y la vigencia de este régimen hasta un año después de restablecidas las condiciones técnicas, cuando los usuarios damnificados puedan hacer uso normal de sus viviendas.
Vivienda y hábitat. En materia de vivienda, el Decreto 0215 ordena que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda emitan actos administrativos para agilizar intervenciones y subsidios, mientras que los municipios definirán reubicaciones o reasentamientos. El Minvivienda implementará programas para restablecer las condiciones de habitabilidad de las familias damnificadas y el Fonvivienda ejecutará transferencias de recursos, con apoyo de otras entidades para garantizar soluciones habitacionales en áreas rurales y urbanas. La norma prevé entrega de kits de materiales para autogestión y mejora de condiciones de vida, así como opciones de vivienda nueva, usada, mejoras y autoconstrucción. Se priorizarán proyectos de participación comunitaria y economía popular, con trámites agilizados y sin necesidad de licencias urbanísticas inmediatas. Se contemplan modificaciones presupuestales y ajustes a planes de ordenamiento territorial cuando corresponda, y los alcaldes quedan autorizados para expedir actos administrativos relacionados con vivienda. Estas medidas podrán extenderse más allá del término de la Emergencia.
Agua potable y saneamiento básico. El Decreto 0228 crea un comité especial de atención y autoriza operaciones con sociedades fiduciarias para enfrentar la crisis. El Ministerio de Vivienda puede destinar rendimientos financieros directamente a la emergencia y se autorizan recursos del Sistema General de Participaciones para ese fin. El texto señala que, en departamentos como Córdoba, se registran miles de viviendas afectadas y dañadas, y subraya la magnitud de la demanda de soluciones de vivienda y hábitat, que excede los instrumentos disponibles en contextos de normalidad institucional.
Recuperación de vías. Con el Decreto 0222, el Gobierno autorizó medidas extraordinarias para el sector transporte, con el fin de intervenir de inmediato la infraestructura vial afectada por las lluvias e inundaciones, especialmente en Córdoba. Invías podrá invertir y ejecutar recursos extraordinarios para la rehabilitación y recuperación de carreteras, puentes y tramos dañados, y ampliar sin límite de valor contratos ya en ejecución siempre que las modificaciones respondan a la emergencia. Estas medidas buscan reducir el aislamiento de comunidades rurales, garantizar el transporte de alimentos y medicinas y facilitar el acceso a servicios básicos, además de contribuir a reactivar la economía local y proteger ingresos de las familias afectadas.
Financiación de obras y dotación tecnológica en universidades. El Decreto 0227 habilita al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) para financiar y ejecutar proyectos de infraestructura y dotación en instituciones de educación superior ubicadas en zonas afectadas por la emergencia, extendiendo temporalmente su alcance a universidades públicas. El Ministerio de Educación reportó miles de sedes afectadas, con mayores impactos en Antioquia, Córdoba y Magdalena, y cerca de 68.000 estudiantes afectados. La norma indica que el FFIE podrá financiar construcción, mejoras, adecuaciones, ampliaciones y dotación de infraestructura física y digital necesarias para conjurar la emergencia, incluyendo aulas modulares, reposición de equipos y mejoras de conectividad para garantizar la continuidad de las actividades académicas en los territorios afectados.
