Cambios normativos facilitarán la creación de micro y pequeñas empresas
La Asamblea Legislativa reformó la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa con 57 votos a favor, con el objetivo de actualizar la normativa que regula al sector, facilitar su formalización y ampliar las oportunidades de financiamiento y crecimiento para las micro y pequeñas empresas del país, según la cartera informante.
La reforma busca modernizar el marco legal que rige a las MYPE, las cuales, de acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Paul Steiner, representan la mayor parte del tejido productivo y desempeñan un papel clave en la generación de empleo y la dinamización de la economía salvadoreña. Datos presentados ante los legisladores señalan que las MYPE equivalen al 99.6% del total de empresas y al 89.5% de los patronos formales activos en El Salvador.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la actualización de los criterios para definir el tamaño de las empresas. Según la reforma, una microempresa será aquella que registre ingresos anuales de hasta 500 salarios mínimos y cuente con un máximo de 10 trabajadores. Las pequeñas empresas podrán tener ingresos de hasta 5.000 salarios mínimos anuales y una plantilla de hasta 50 empleados.
Además, las microempresas se subdividen en tres categorías: subsistencia, acumulación y expansión, con el fin de identificar con mayor precisión su desarrollo y orientar políticas públicas. Las microempresas de subsistencia serán aquellas con ventas anuales de hasta 57 salarios mínimos mensuales y un máximo de dos trabajadores; las de acumulación registrarán ingresos superiores a ese monto y hasta 300 salarios mínimos mensuales al año, con entre tres y cuatro empleados; y las de expansión podrán alcanzar hasta 500 salarios mínimos mensuales anuales y contar con entre cinco y 10 trabajadores.
En materia de pagos y trámites, la reforma incorpora disposiciones para proteger a los pequeños negocios frente a retrasos en pagos por parte de instituciones, al establecer que las entidades deberán cancelar bienes y servicios proporcionados por una MYPE en un plazo máximo de 30 días, y, de no hacerlo, deberán asumir el pago de intereses. Asimismo, la normativa introduce el principio de proporcionalidad en trámites y costos administrativos para evitar cargas excesivas y facilitar la formalización, al tiempo que promueve la simplificación de trámites.
Otra línea de cambios plantea la coordinación para impulsar el desarrollo local. Se crea el Sistema de Representación y Consulta de las MYPE, orientado a fortalecer la coordinación entre instituciones públicas, sector empresarial y actores territoriales; su implementación y supervisión estará a cargo de CONAMYPE. También se establecerán Mesas Técnicas Representativas Locales en los gobiernos municipales para promover proyectos y programas de desarrollo económico en los territorios.
En inclusión financiera, las reformas contemplan que el sector financiero impulse servicios y productos acordes a las necesidades de las MYPE para facilitar su acceso al financiamiento. Según la reforma, la banca estatal y el Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera promoverán instrumentos como sistemas de garantías, fideicomisos, arrendamiento financiero y capital de riesgo.
La reforma quedará sujeta a implementación por parte de CONAMYPE y, en coordinación con autoridades municipales y financieras, para desarrollar las medidas previstas y definir etapas de implementación y monitoreo. Se espera que, en los próximos meses, se definan criterios operativos y plazos para la ejecución de las nuevas categorías, mecanismos de pago y los esquemas de apoyo financiero.
