Petro pide perdón por vulneración a la comunidad U’wa y promete adelantar la sentencia de la CIDH
En el acto de reconocimiento, recordó que el fallo, del 4 de julio de 2024, encontró responsable al Estado por afectaciones relacionadas con la consulta previa, la participación política, los derechos culturales, el medio ambiente sano y las garantías judiciales de no repetición en favor del pueblo U’wa.
Durante el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso “Pueblo U’wa y sus miembros vs. Colombia”, lamentó que no estuviera presente la totalidad del Estado.
Señaló que la sentencia obliga a que el Estado garantice que no habrá repetición de las violaciones de derechos humanos y que, en el evento, no estaban representadas todas sus ramas.
También afirmó que se comprometía, ante la comunidad, a pedir perdón, reconocer la responsabilidad de administraciones y del Estado en las acciones que afectaron al pueblo U’wa y avanzar en la sentencia de la Corte.
Añadió que una parte central del fallo se refiere al derecho del pueblo U’wa a su tierra y a que no sea usada para explotación petrolera ni para otras actividades sin consulta. Según dijo, esas obligaciones no se han cumplido.
El presidente sostuvo además que la Agencia Nacional de Tierras no ha acelerado varios puntos del cumplimiento relacionados con la compra de predios para ampliar el espacio vital de la comunidad. Dijo que el Estado también ha vulnerado la protección del resguardo.
Por ello, pidió a las autoridades presentes tomar nota de los puntos de la sentencia sobre el traslape entre tierras para proteger los resguardos indígenas.
Sin embargo, explicó que un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los terrenos baldíos, que pertenecen a la nación, le prohíbe a la ANT hacer el saneamiento y trasladarlo a comunidades campesinas, indígenas y afros, y deja el caso en manos de dos instancias judiciales de máximo nivel.
Aseguró que ese fallo va en contra de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y favorece a los actuales poseedores de los baldíos. Por eso, concluyó, no puede hablar en nombre de todo el Estado porque una parte de este ha incumplido la obligación de acatar la decisión.
