El poder de los oligarcas tecnológicos supera al de los Estados
La relatora especial de la ONU sobre libertad de opinión y expresión, Irene Khan, concluye en su informe final que esa libertad se erosiona por una asimetría de poder entre los Estados y un pequeño grupo de gigantes tecnológicos que controlan espacios digitales globales sin rendición de cuentas democráticas.
El documento describe a esos actores como “oligarcas tecnológicos” y sostiene que su influencia supera la de la mayoría de los países. En 2025, los ingresos anuales de Meta superaron el PIB de unos 130 países.
Su base de usuarios mensual, de 3.000 millones, es mayor que la población de cualquier nación. OpenAI, por su parte, reportó ingresos superiores al PIB de 80 países, y ChatGPT es utilizado por casi 1.000 millones de personas cada semana.
El informe menciona a Elon Musk, propietario de X, quien se presenta como defensor “absolutista” de la libertad de expresión y rechaza la moderación de contenidos por considerarla censura. Khan advierte del riesgo de que una sola persona decida qué información es visible o considerada “verdadera”.
También alude a Mark Zuckerberg y a los cambios anunciados en enero de 2025 para relajar las protecciones contra la incitación al odio y eliminar el programa de verificación de datos de Meta en Estados Unidos. Según el informe, esas decisiones afectan a miles de millones de usuarios.
El informe dedica un capítulo a Estados Unidos y sostiene que promueve una noción “absolutista” de la libertad de expresión que entra en conflicto con el derecho internacional de los derechos humanos. La relatora afirma que ha desalentado a plataformas con sede en su territorio a cumplir requisitos de transparencia y moderación fijados por otros Estados o por la Unión Europea.
Además, denuncia que Estados Unidos ha usado su poder político y comercial “a una escala que ningún otro Estado se ha atrevido antes” para castigar a países que intentan regular el sector digital. Entre los ejemplos citados figuran sanciones contra un juez del Tribunal Supremo de Brasil, presiones contra la Unión Europea y represalias contra la República de Corea.
Khan advierte de que algunos actores políticos están “armando la libertad de expresión” bajo el pretexto de promover un entorno abierto y presentando cualquier restricción al discurso de odio como censura. “El discurso de odio que se permite florecer sin control no produce más libertad de expresión, sino menos”, señala el informe.
Otra herramienta que documenta es la criminalización de la disidencia mediante leyes antiterroristas. El texto menciona el uso de normas de “financiación del terrorismo” contra periodistas en Filipinas, la designación como “terrorista” del movimiento Palestine Action en el Reino Unido y la equiparación del activismo climático no violento con el terrorismo en Europa Occidental, Centroamérica y el Sudeste Asiático.
El informe también alerta sobre el uso de nuevas tecnologías por parte de los Estados para restringir el acceso a la información, desde cortes de internet hasta el empleo de inteligencia artificial para identificar y bloquear herramientas contra la censura. La vigilancia masiva, advierte Khan, tiene un “efecto paralizante” sobre la libertad de expresión.
Al cerrar su mandato, Irene Khan llama a construir coaliciones multisectoriales para enfrentar intereses poderosos, crear contrapesos institucionales frente a la captura corporativa de la libertad de expresión y establecer regulaciones basadas en derechos humanos, con reguladores independientes y protección de datos.
“Libertad de expresión es que un periodista pueda trabajar sin miedo, que un activista pueda alzar la voz sin ser etiquetado como terrorista y que las plataformas digitales rindan cuentas por el daño que causan”, afirma Khan.
El mensaje final es que la libertad de expresión no debe tratarse como moneda de cambio geopolítica ni como mercancía sujeta a aranceles comerciales. Es un derecho humano fundamental que requiere protección frente a todos los poderes, sean estatales o corporativos.
