Expertos en derechos humanos condenan las acciones de Estados Unidos contra Venezuela
Un grupo de quince relatores especiales y grupos de trabajo independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó este miércoles la acción militar a gran escala llevada a cabo por Estados Unidos contra Venezuela, así como el bombardeo de Caracas y otras ciudades y el supuesto secuestro forzoso del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Según estas expertas y expertos, esas medidas representan una grave violación de principios del derecho internacional y podrían establecer un precedente peligroso.
Según el grupo, el uso no provocado de la fuerza armada contra territorio venezolano violaría claramente el Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Las autoridades advierten además que la acción podría constituir el crimen internacional de agresión atribuible a los líderes políticos y militares implicados. Atribuyeron al ataque un número todavía desconocido de víctimas y destacaron que la agresión se da en un contexto de medidas coercitivas anteriores que incluyen un bloqueo naval y la incautación de petroleros, así como asesinatos extrajudiciales de civiles vinculados presuntamente al narcotráfico.
El grupo subrayó que todas estas prácticas son contrarias al derecho internacional y al derecho humanitario, incluido el derecho fundamental a la vida. En cuanto a la diplomacia, señalan que, en derecho internacional, los jefes de Estado en funciones gozan de inmunidad ante la jurisdicción penal de tribunales extranjeros mientras permanezcan en el cargo, si bien no frente a la Corte Penal Internacional. El grupo recuerda que estas inmunidades son materia de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y no dependen del reconocimiento diplomático u otras consideraciones políticas.
Los expertos señalan que el ataque es “sin precedentes” pero lo entienden como parte de un patrón más amplio de desprecio por la paz, el derecho internacional y las instituciones multilaterales. Advierten sobre un retorno a una diplomacia basada en la fuerza que incluiría actos de agresión militar, asesinatos extrajudiciales y sanciones contra jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional, así como contra un Relator Especial de la ONU, conforme a lo informado por el Consejo de Derechos Humanos. Según el grupo, estas acciones representarían un desafío deliberado al orden jurídico internacional y al principio de que el poder debe estar limitado por la ley, con el riesgo de normalizar la anarquía en las relaciones entre Estados.
Los expertos expresaron preocupación por las declaraciones públicas del mandatario estadounidense, en las que afirmó que Estados Unidos “gobernará el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y prudente” y que buscaría extraer “una tremenda cantidad de riqueza del suelo”. Indicaron que estas afirmaciones socavan el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la soberanía sobre sus recursos, pilares del derecho internacional de los derechos humanos. Añadieron que el sector internacional, incluidos Estados y empresas, debe evitar ser cómplice de prácticas que vulneren derechos humanos y principios de no intervención y autodeterminación.
El grupo destacó la soberanía del pueblo venezolano y afirmó que el futuro del país debe ser determinado de manera autónoma, a través del diálogo y la rendición de cuentas, con plena participación de las mujeres y respeto por los derechos humanos, la independencia judicial y el espacio cívico. Pidieron que cualquier proceso se lleve a cabo sin coacción externa, sin uso de fuerza militar y sin presión económica excesiva. También instaron a los Estados miembros a condenar la agresión y a actuar de forma decidida para detener las acciones contrarias al derecho internacional. Concluyen que mantener el derecho internacional es un imperativo para sostener un orden internacional democrático y basado en el estado de derecho.
