La ONU pide acelerar el Acuerdo de Paz en Colombia para frenar la violencia
Añadió que la nueva administración, encabezada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, tendrá la responsabilidad y la oportunidad de acelerar su implementación. La Misión, señaló, está lista para colaborar con las nuevas autoridades.
Al presentar el último informe, que cubre del 27 de marzo al 26 de junio de 2026, Jenča subrayó que la inseguridad fue una de las principales preocupaciones de los colombianos durante la campaña electoral.
También reconoció que las recientes iniciativas de diálogo con grupos armados han generado un debate intenso por sus resultados limitados. Aun así, sostuvo que la solución no pasa solo por medidas de seguridad.
Según dijo, también es necesario atender las carencias de gobernanza, desarrollo y presencia estatal que persisten en las zonas más afectadas por el conflicto.
“Las zonas donde hoy la violencia es más intensa son precisamente aquellas donde la implementación del acuerdo y la presencia del Estado han sido insuficientes”, afirmó.
Jenča citó como ejemplos Catatumbo y Cauca, donde continúan los enfrentamientos entre grupos armados y organizaciones criminales que buscan controlar rutas estratégicas y economías ilícitas.
En Catatumbo, explicó, la violencia se ha recrudecido incluso con nuevas formas de combate, como el uso de drones, pese a los planes especiales de desarrollo anunciados tras la escalada del año pasado.
El diplomático afirmó que romper esos ciclos de violencia exige que las autoridades cumplan los compromisos con las comunidades y ofrezcan respuestas coordinadas que combinen seguridad, desarrollo y construcción de paz.
Durante su intervención, condenó además las continuas amenazas y ataques contra la población civil, el reclutamiento y uso de menores, los secuestros y otros abusos que siguen provocando desplazamientos y confinamientos.
Mencionó un incidente ocurrido la semana pasada en López de Micay, en el departamento del Cauca, donde, según denuncias atribuidas a un grupo armado, ocho personas permanecían retenidas tras una incursión armada que obligó a unas 70 familias a abandonar sus hogares.
La Misión reiteró su disposición a facilitar la liberación de personas privadas de libertad por grupos armados.
Otro de los puntos destacados fue la reincorporación de los antiguos combatientes de las FARC-EP. Jenča recordó que más de 11.000 exintegrantes de la antigua guerrilla siguen comprometidos con el proceso de reintegración.
Dijo que se trata de uno de los casos con menor índice de reincidencia registrados internacionalmente. Para preservar ese logro, consideró imprescindible garantizar su seguridad física, ofrecer oportunidades económicas sostenibles y mantener las garantías judiciales previstas en el acuerdo.
Asimismo, señaló que organizaciones de víctimas, comunidades afrocolombianas e indígenas y otros sectores de la sociedad civil han pedido a la próxima administración volver a situar la implementación del acuerdo de paz en el centro de la agenda nacional.
El representante de la ONU destacó también los avances en la reforma rural integral, especialmente a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que benefician a cerca de seis millones de personas en 170 municipios afectados por el conflicto.
Celebró que el Congreso haya acordado extender estos programas hasta 2037, aunque advirtió que persisten desafíos importantes, como la formalización de la propiedad de la tierra, el apoyo técnico a los agricultores y la protección de quienes han recibido tierras frente a las amenazas de grupos armados.
En la parte final de su intervención, Jenča se refirió a las elecciones recientes en Colombia. Destacó que, pese a los episodios de violencia y a la fuerte polarización política, ambas vueltas de la presidencial se desarrollaron de manera pacífica y ordenada.
Añadió que hubo una elevada participación ciudadana y supervisión de observadores nacionales e internacionales. No obstante, expresó preocupación por el clima político posterior a los comicios.
Ese ambiente, dijo, estuvo marcado por una retórica confrontativa que incluso llevó a suspender temporalmente el proceso de transición entre la administración saliente y la entrante. Por ello, llamó a los dirigentes políticos a reducir las tensiones y mantener abiertos los canales de diálogo.
A pocos meses de cumplirse el décimo aniversario del Acuerdo de Paz, concluyó, Colombia tiene una oportunidad decisiva para acelerar su implementación y sentar las bases de una paz sostenible para el pueblo colombiano.
