MSF reporta nivel récord de ataques contra atención médica en conflictos armados
Un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF) afirma que los ataques contra la atención médica en conflictos armados han alcanzado niveles récord, con las partes beligerantes—incluidos Estados—eludiendo cada vez más su obligación de proteger instalaciones, personal, pacientes y vehículos médicos, conforme al derecho internacional humanitario (DIH). El documento, titulado “La atención médica en el punto de mira”, señala que casi una década después de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de la ONU, los Estados deben cumplir el DIH, respetar la vida civil, garantizar la rendición de cuentas y revertir la impunidad.
Según el informe, basado en bases de datos internacionales y la experiencia de MSF en conflictos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró en 2025 un total de 1.348 ataques contra instalaciones médicas, que causaron 1.981 muertes. Las cifras revelan un incremento significativo de fallecidos entre personal sanitario y pacientes en zonas de conflicto, duplicándose respecto a las 944 muertes registradas en 2024. Entre los países más afectados, Sudán lideró con 1.620 personas asesinadas, seguido de Myanmar (148), Palestina (125), Siria (41) y Ucrania (19).
El informe advierte sobre un cambio de narrativa: de denunciar ataques “por error” a justificar que las instalaciones y el personal médico han “perdido la protección” que otorga el DIH. “Este cambio refleja una priorización de las necesidades militares sobre la obligación de proteger a los civiles y mitigar los daños a la población civil”, señala Erik Laan, experto en incidencia política de MSF.
El documento indica que, en algunos casos, los ataques pueden deberse a interpretaciones erróneas del DIH o a ambigüedades tanto en el derecho convencional como en el consuetudinario, lo que desplaza la carga de la prueba hacia las comunidades e instalaciones sanitarias para demostrar que no son objetivos militares. “A menudo se pasa por alto la obligación de avisar con antelación antes de un ataque”, añade Laan, lo que, según el análisis, dificulta que los centros médicos respondan ante denuncias de pérdida de protección o evacuen a los pacientes.
En 2024, la Coalición para la Protección de la Salud en los Conflictos documentó 3.623 incidentes contra la atención sanitaria, un 15% más que en 2023 y un 62% más que en 2022; aproximadamente el 81% de esos incidentes se atribuyeron a actores estatales. Raquel González, coordinadora de MSF España, afirma que la participación de Estados en conflictos plantea retos específicos para la protección de la atención médica, pues los Estados son más propensos a realizar ataques aéreos y a usar explosivos, especialmente en zonas densamente pobladas. Según González, la violencia contra la atención médica obstaculiza servicios esenciales y la labor de las organizaciones humanitarias, afectando a comunidades sin alternativas de acceso a la atención sanitaria.
Entre 2021 y 2025, la Base de Datos sobre Seguridad de los Trabajadores Humanitarios registra 1.241 asesinatos, 1.006 heridos y 604 secuestros de personal local contratado en todo el mundo, cifras que representan la mayor proporción de las víctimas en estos incidentes.
MSF señala que uno de los hitos más trágicos vinculados a la protección de la atención médica fue el bombardeo del centro de traumatología de Kunduz, Afganistán, ocurrido el 3 de octubre de 2015, que causó 42 muertos, entre ellos 14 trabajadores de la organización. A raíz de ese ataque, la ONU aprobó la Resolución 2286 para reforzar la protección de las instalaciones y el personal médicos y promover la rendición de cuentas, aunque el informe indica que, más de diez años después, la atención médica y la acción humanitaria siguen siendo objeto de ataques.
Según Laan, los Estados deben cumplir el derecho internacional y garantizar mecanismos independientes de investigación, así como una rendición de cuentas transparente, para contrarrestar la “cultura de impunidad” y proteger la atención médica en los conflictos. En ese sentido, el informe subraya la necesidad de clarificar y reforzar las doctrinas militares para prevenir ataques a instalaciones sanitarias y asegurar la protección de las misiones médicas, con un énfasis en la vigilancia, la transparencia y la cooperación internacional.
